El Gobierno británico volvió a fijar su posición sobre las Islas Malvinas al expresar su respaldo a las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago, incluidas las vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
La declaración se conoció después de que la Argentina reforzara las advertencias a empresas que operan en las islas. Mientras Londres sostiene que las actividades están reguladas por las autoridades locales, el Gobierno argentino reiteró que se realizan sin autorización nacional y forman parte de una disputa de soberanía aún pendiente.
El Gobierno del Reino Unido ratificó este viernes su posición respecto de las Islas Malvinas y expresó su respaldo a las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago, incluidas las relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
La declaración fue realizada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que el Reino Unido considera que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.
Además, sostuvo que esa facultad forma parte de lo que el Gobierno británico define como el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
El pronunciamiento llegó luego de que la Argentina intensificara las advertencias dirigidas a empresas y particulares que mantienen vínculos comerciales con las islas, especialmente en el sector energético.
En ese contexto, Kumaran manifestó que el Gobierno británico y su red diplomática respaldan plenamente a las empresas y personas que desarrollan actividades económicas en las islas y calificó de “inaceptables” las medidas impulsadas por la Argentina.
La guía británica para hacer negocios en las Islas Malvinas
Días atrás, el Gobierno británico publicó el documento “Doing business with the Falkland Islands”, una guía destinada a empresas y personas interesadas en desarrollar actividades comerciales o prestar servicios en el archipiélago.
En ese documento, Londres sostiene que apoya las actividades económicas que considera legítimas, incluido el aprovechamiento de los recursos naturales y los proyectos vinculados a hidrocarburos.
También señala que el Gobierno de las islas es el encargado de regular esas actividades y sostiene que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre el territorio ni sobre las empresas que operan allí.
La respuesta de la Argentina
La Cancillería argentina rechazó la publicación británica y reiteró que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional argentino.
El Gobierno también cuestionó las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera realizadas sin autorización de las autoridades nacionales y anunció que continuará impulsando medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra las empresas involucradas.
Según informó la Cancillería, hasta el momento fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia a personas y compañías radicadas en 30 países, además de iniciarse 60 procedimientos administrativos y tres denuncias penales que involucran a diez empresas y sus directivos.
El proyecto Sea Lion, uno de los principales focos de la disputa
Uno de los puntos centrales del conflicto es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La Argentina sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización del Estado argentino debido al reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
Por su parte, el Reino Unido mantiene que esas actividades están reguladas por la legislación vigente en las islas y respalda el desarrollo de los recursos naturales del territorio.
De esta manera, ambos países continúan sosteniendo posiciones contrapuestas sobre la soberanía de las Islas Malvinas y sobre la explotación de los recursos naturales mientras la controversia permanece sin resolución.